La «enfermedad mental» según la familia

EL HOSPITAL Fray Bernardino Álvarez, el gran siquiátrico público de la capital mexicana, funciona con frecuencia como una institución punitiva para los miembros identificados de algunas familias donde los responsables de la admisión son los familiares mismos. Que mucha gente identificada que sus familiares encarcela no están locos se desprende del diagnóstico de internamiento que la periodista Teresa Gurza descubrió en los años setenta, la década en que tuve el problema con Amara. A los pacientes de nuevo ingreso se les diagnosticaba entonces “neurosis de carácter”: un diagnóstico tan vago, ambiguo y fraudulento como el de “carácter esquizoide” de Amara.

La práctica continúa en el siglo XXI. En Estados Unidos se oye mucho la expresión behaviour disorders (trastornos de la conducta) al hablar de la población joven que se desea someter: otro diagnóstico demasiado vago que puede aplicarse a cualquier menor. De hecho, los diagnósticos más comunes para someter a los menores en el nuevo siglo son vagos: “trastorno de la conducta”, “trastorno de ajuste adolescente”, “oposicionismo”, “déficit de atención”, etcétera. En los 1980 el portavoz oficial del Fray Bernardino concedió una entrevista a los reporteros. Al referirse a los internados en esa institución, observó:

“La familia los trae esposados, amarrados, como sea. Es algo de lo más folclórico”. Para cambiar conductas, los médicos del Fray Bernardino cuentan con herramientas poderosas. Una de ellas la explica el portavoz oficial: “A ellos se les dan también unos toques [electroshocks] y al segundo o tercer día ya están bien”.[1]

En 2005 Marco López Butron, director del Fray Bernardino, dijo que en su institución hay una petición muy alta de familiares que acuden. “En muchos casos la petición de la familia es internar”. Añadió que la familia demanda “que lo tengan permanentemente” internado,[2] aunque López Butron recomienda menos de un mes de internamiento. Esto demuestra que el agente controlador original no es la siquiatría, sino la familia. En la primera parte de este libro vimos que el director del departamento donde Jeffrey Masson hizo sus prácticas enseñaba que cuando un niño era “identificado” como paciente por sus padres, estaba trastornado siquiátricamente hablando. Para ese siquiatra los padres no erraban al hacer este tipo de diagnósticos caseros. Es muy ilustrativo tomar nota de lo que dicen las autoridades cuando los reporteros les hacen preguntas difíciles sobre el asunto. En tiempos en que tuve el problema con Amara Teresa Gurza trató de entrevistar a Ramón de la Fuente, titular de la Dirección de Salud Mental de la entonces llamada Secretaría de Salubridad y Asistencia. De la Fuente declinó y designó a un subalterno, el doctor Leonardo Iglesias. Las siguientes declaraciones de este siquiatra están basadas en la trascripción de la grabación hecha por la periodista.

Iglesias le dijo a Gurza que “la situación de las granjas psiquiátricas es buena”. Y añadió: “Lo que menciona acerca de la desnudez, y en esto le voy a ser muy sincero, gran parte de la desnudez de nuestros enfermos se debe a una expresión de su patología mental”.[3] Gurza le respondió que en los siquiátricos que visitó había visto a niños cuyos reportes no hablaban de trastornos mentales, y sin embargo estaban desnudos y atados a sillas; y que había visto también a enfermeras que les pegaban a los niños y a los adultos más débiles. El doctor Iglesias era el jefe del Departamento de Ciencia Psiquiátrica de la Dirección de Salud Mental en México cuando Gurza le preguntó, además, por qué los siquiátricos reciben a ancianos sanos y a niños cuerdos. Iglesias respondió que a veces la conducta de un individuo “es peligrosa para sí mismo, como en el caso de los suicidas o peligrosa para los demás”, fórmula que, como hemos visto, es la fórmula clásica de arresto preventivo en las mal llamadas sociedades libres. Luego definió a la enfermedad mental de manera tan honesta que su definición debiera grabarse en mármol en las facultades de medicina:

En otras ocasiones, sencillamente es una patología que los demás no toleran; y cuando digo los demás quiero decir la familia o el grupo social con el cual convive.[4]

Más claro y transparente no puede estar. Gurza quiso entrevistar a Ramón de la Fuente acerca de por qué hay gente cuerda en los siquiátricos mexicanos, el funcionario de más alto rango de salud mental en México en aquellos tiempos. De la Fuente declinó y asignó a Iglesias, también un funcionario mexicano de salud mental. Y para este último los niños y ancianos cuerdos que menciona Gurza tienen una patología. ¡Pero por patología entiende una conducta que los cercanos “no toleran” según sus propias palabras! Así que Amara no es el único seudogaleno que diagnosticó de enfermo al muchacho cuerdo con problemas con sus padres. Esos años las más altas autoridades de salud mental en México se comportaban exactamente igual. La política de internamiento siquiátrico ha sido simplemente la intolerancia de los cercanos hacia un miembro de la familia. Si a un padre le disgusta la conducta de su hijo, tal conducta puede considerarse oficialmente enferma, esquizoide, patológica. La definición de arriba no es exclusiva de la siquiatría mexicana. Karl Menninger, eminente siquiatra estadounidense en tiempos de la posguerra, definió la enfermedad mental como “cierto estado de existencia que es incómodo para alguien […], el sufrimiento puede estar en al persona afligida, en los cercanos, o en ambos”.[5] No es exagerado decir que la siquiatría es una profesión cuyo propósito expreso es caer a un estado de folie à deux del profesional con los padres a fin de proteger la familia nuclear.

Antes de su reforma, este estado de locura compartida era patente en el Hospital Sáyago que albergaba a 450 de mexicanas, la mayoría provenientes de la antigua Castañeda, cuando Gurza lo visitó. ¿Se recuerda cómo el tío de John Bell quiso deshacerse de su sobrino? Algunas de las ancianas del Sáyago eran víctimas de familiares que se deshicieron de ellas. Según Gurza, estas mujeres ni siquiera se encontraban en estado senil al ingresar. Pero también había muchachas muy jóvenes en ese siquiátrico público, y quisiera darle voz a una de ellas:

“Yo quiero a mi mamá que vive en Durango, yo quiero a mi mamá que vive en Durango”, y Margarita llora y llora recordando a su familia, abrumada por el dolor de saberse abandonada y encerrada en este hospital. [Su] recuperación sería posible en otro ambiente. Otras mujeres consuelan a Margarita: “Ya niña, no llores Margarita, por favor Margarita”, y nos informan que así pasa el día “la pobre Margarita”.[6]

Es imposible que a prisioneras como Margarita se les haga justicia en un mundo que define, como lo hizo el funcionario del sector salud, la enfermedad mental como una conducta que los familiares no toleran. Casos como el de esta niña muestran que la raíz del problema no se encuentra dentro de los muros del siquiátrico, sino afuera: en la institución familiar. Aludí al viejo reportaje de Teresa Gurza por una razón personal: quería hablar de la siquiatría pública en los mismos años en que me atacó un siquiatra privado. Pero a finales del siglo XX y a principios del XXI la situación en los siquiátricos mexicanos es prácticamente la misma.

En julio de 1996, agosto de 1998 y noviembre de 2000 la sociedad norteamericana Mental Disability Rights International (MDRI) realizó estudios in situ en siete siquiátricos mexicanos: Ramírez Moreno, Nieto, Sáyago, Ocaranza (posteriormente reformado), Navarro, Jalisco y Fray Bernardino. En conjunto estas instituciones albergaban entonces a dos mil internados. Aunque al equipo MDRI no se les autorizó videograbar a los pacientes del Fray Bernardino, publicó un informe sobre el estado de los derechos humanos en los siquiátricos visitados. Acerca de los sesenta niños internados en el Hospital Jalisco en los albores del nuevo siglo, el equipo MDRI observó:

En la institución psiquiátrica Jalisco, las condiciones en el pabellón de niños son más graves. A los niños los dejan acostados sobre un colchón en el piso, algunos de ellos cubiertos de orina y excremento. Durante la visita realizada por el equipo en agosto de 1998 abundaban las moscas y el olor era abrumador. Es común el autoabuso y la falta de atención médica básica. Se observaron niños que, por no tener supervisión adecuada, se comían su propio excremento y abusaban de sí mismos sin que el personal les prestara atención […]. Se observó que otros niños permanecían atados a las camas o con las mangas atadas sobre las manos.[7]

Al igual que el reportaje de Gurza, MDRI observó que a finales del siglo XX: “la mayoría de las personas internadas en las instituciones visitadas permanecen ahí de por vida”.[8] Que algunos de éstos han sido repudiados por su familia se desprende de otra declaración del equipo MDRI:

Un gran número de personas internadas en este tipo de instituciones son calificados oficialmente de abandonados: personas internadas porque no tienen familia u otro lugar a donde ir. En noviembre de 1999 los directores de dos instituciones calcularon que el número de abandonados en sus propias instituciones ascendía al 75-80 por ciento.[9]

Algunos de los abandonados son como Margarita, quien lloraba diciendo “Yo quiero a mi mamá que vive en Durango, yo quiero a mi mamá que vive en Durango”. Esta niña estaba cuerda. Pero el siguiente dato sugiere que otro tipo de internados no padecían de trastornos mentales sino de enfermedades neurológicas y auténticos síndromes genéticos. Según su informe: “El equipo MDRI identificó otros grupos detenidos injustificadamente en instituciones psiquiátricas. Entre un tercio y la mitad de las personas internadas en las ‘granjas’ mexicanas se identificaban como personas que padecen epilepsia o retraso mental”.[10] Los epilépticos abandonados en las granjas tienen una auténtica enfermedad cerebral por lo que, según los criterios de MDRI, no está justificado tenerlos en siquiátricos. Algo similar puede decirse de los retrasados mentales. Que otros internos tampoco son “enfermos mentales” en el sentido siquiátrico ortodoxo, sino que se les etiquetó simplemente para llenar los formularios de internamiento como lo hicieron con John Bell, lo sugiere esta otra observación del equipo MDRI:

Los registros carecen de un diagnóstico completo e incluyen muy poca información sobre los antecedentes sociales y médicos del paciente. En general, el diagnóstico se limita a señalar que el paciente es “psicótico” o “esquizofrénico”. A menudo, el único detalle adicional en el historial clínico es si el paciente se considera de condición “aguda” o “crónica”.[11]

La etiqueta es el preámbulo para encarcelar a un ciudadano al margen de la ley. En los siquiátricos visitados por MDRI se administraban neurolépticos a los internos. Como he dicho, su uso prolongado causa las enfermedades neurológicas permanentes disquinesia y distonía tardía, además de la frecuente acatisia y el ocasional síndrome neuroléptico maligno. El equipo MDRI observó que varios internos presentaban los efectos de altas dosis de estos químicos. Reportaron haber visto movimientos rítmicos en los labios y lengua de los internos, crujido de dientes y hacer gestos torcidos con las manos: signos inequívocos de disquinesias tardías.

El año 2000 el equipo MDRI publicó su devastador informe de 94 páginas sobre el estado de los derechos humanos en los siquiátricos mexicanos. En el siglo XXI se continúan administrando minusvalidantes neurolépticos a niños, adultos y ancianos en todos los siquiátricos, recintos y casas de medio camino, como lo atestiguan los directores de siquiátricos que he entrevistado y un reporte del año 2003 auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud.[12] La gente ha sido recluida debido a que “la familia no los tolera”: una de las definiciones más honestas que he leído de enfermedad mental en boca de un siquiatra.

Referencias

[1] Cortina y otros: Alternativas, p. 369.

[2] Marco López Butron hizo estos pronunciamientos en la mencionada ponencia magistral en la Asamblea Legislativa en octubre de 2005.

[3] Leonardo Iglesias-González, citado en Teresa Gurza: “En jaulas de tigres X: de la Castañeda a las granjas, una mejoría en materia de salud mental” en Alternativas, p. 324.

[4] Ibídem, pp. 326s.

[5] Karl Menninger, citado en Szasz: Pharmacracy, pp. 94s.

[6] Teresa Gurza: “En jaulas de tigres IV: las enfermas mentales se consumen en el hospital psiquiátrico José Sáyago” en Alternativas, pp. 294s.

[7] Eric Rosenthal, Robert Okin, Humberto Martínez, Débora Benchoam, Lynda Frost Clausel y Britanny Bemowitz: Derechos humanos y salud mental en México (Mental Disability Rights International, 1156 15^th St. NW, Suite 1001, Washington, D.C. 20005: year 2000), p. vii.

[8] Ibídem, p. xiii.

[9] Ibídem.

[10] Ibídem.

[11] Ibídem, p. 38. En el texto las frases segunda y tercera aparecen en una nota a pie de página.

[12] El reporte Evaluación de servicios de salud mental en la República Mexicana de la Organización Panamericana de la Salud fue expedido en la Ciudad de México en junio de 2003.