Epígrafe de Tocqueville II

¿De qué nos sirve la ilustración si no sabemos acabar con los abusos? – Voltaire [1]

AL PRINCIPIO de este libro escogí como epígrafe las palabras de Tocqueville: Para cometer actos injustos no es suficiente que el gobierno tenga voluntad o incluso poder: los hábitos, las ideas y las pasiones del tiempo deben permitir cometerlos. Lo que le sucedió a Cantú no fue un caso de abuso del poder siquiátrico. Fue un uso del mismo. Hay quienes están bajo la impresión de que se requieren dos médicos para hospitalizar a un ciudadano contra su voluntad. En realidad, existen recursos legales para que, en casos de alegada urgencia, cualquiera de nosotros pueda ser hospitalizado con la sola orden del médico de una institución.

En México esto se estipula claramente en el artículo 4.4.2 de la Norma Oficial Mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación y aprobada estúpidamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Organización Panamericana de la Salud e incluso la Red de la Reforma Psiquiátrica de México.[2] La Norma es una violación ni más ni menos que del primer artículo de la Constitución mexicana que promulga que en ningún caso los derechos constitucionales de quien se encuentre en suelo mexicano “podrán restringirse ni suspenderse”. Que en la práctica se restringen y se suspenden puede ilustrarse al examinar una entrevista que le hice a un alto funcionario de salud mental en México.

Junto con otros activistas en derechos humanos en mayo de 2002 entrevisté al doctor Salvador González Gutiérrez, entonces director general de Servicios de Salud Mental en México. El funcionario público resultó ser un siquiatra afable con quien pudimos hablar con toda sinceridad, como puede escucharse en la entrevista grabada.[3] Le pregunté a González Gutiérrez si, como antiguo director del San Rafael, había sabido de casos de hospitalización involuntaria en esa clínica, y le mencioné específicamente el caso de Cantú. Citaré algunas de mis preguntas y sus respuestas:

—Usted, como director del San Rafael, ¿vio que esto sucedía, que era común?

—No. No vi que fuera común. Sí vi con frecuencia, con cierta frecuencia, que llegaban enfermos en ambulancias llevados en contra de su voluntad. Lo que se hace en el San Rafael y lo que pedimos ahora que estoy acá [la dirección general de Servicios de Salud Mental] es hacer una evaluación muy, muy objetiva con el paciente […]: que si por una razón se tiene que hacer un internamiento involuntario se establezca con toda claridad el porqué de ello, y por supuesto de inmediato dar aviso al Ministerio Público.

—Dar aviso al Ministerio Público, pero el que da aviso ¿es el médico o es el siquiatra o el familiar?

—El familiar va con un documento que el médico le firme […] para que quede muy claro por qué una persona puede estar hospitalizada [contra su voluntad], con la salvedad que a las cuarenta y ocho horas se tiene que hacer una reevaluación y volver a informar al Ministerio Público cuál es el estado del paciente.

—Eso al parecer no fue lo que le sucedió a Cantú.

—Yo creo que no, eh, porque ha habido muchos cambios. Lo que le pasó a Mario Cantú fue hace veinte años […]. Por supuesto: ustedes nos pueden mandar todas las quejas, es lo que les iba a comentar. En todos los hospitales siquiátricos hay un comité de ética: el Comité Ciudadano, incluso, de apoyo, que tiene que haber en todos los hospitales, digamos que es algo así como la primera instancia para cualquier queja que pudiera haber. Todos los hospitales deben tener su comité de ética [grabación indescifrable] para llevar quejas y sugerencias. Es la primera instancia.

El mismo mes de la entrevista hablé con Cantú. Le cité las palabras de González Gutiérrez y le pedí que me diera su opinión. Mario dijo que los cambios a los que se refiere el funcionario son irrelevantes: en un internamiento involuntario se violan tanto los artículos constitucionales 1, 14 y 16 como los derechos humanos proclamados por la Organización de las Naciones Unidas, y los “cambios” de los últimos veinte años no han hecho nada para salvaguardar estos derechos. Por ejemplo, respecto a las cuarenta y ocho horas reglamentarias para otro examen siquiátrico, el dar una nueva notificación al Ministerio Público es un cambio irrelevante. ¡Los que le informan al ministerio son precisamente los familiares y el siquiatra contratado! A diferencia del encarcelamiento en la jurisprudencia común, en el encarcelamiento siquiátrico no hay abogado que pueda interceder por el internado o impugnar la decisión siquiátrica. Tampoco puede hacerlo el ciudadano cuerdo etiquetado de “paciente”, quien a esas alturas ya se encuentra incomunicado en el siquiátrico y drogado contra su voluntad. Además, en casos como el de Cantú el cuerdo puede ser electrochocado al grado de perder parte de sus memorias e identidad, crimen que viola flagrantemente el artículo 20 de la Constitución (en varios incisos del artículo se estipulan los derechos de los inculpados de algún crimen).

Como ejemplo de la futilidad de las reformas que menciona González Gutiérrez quisiera mencionar un caso más reciente de internamiento involuntario en la Clínica La Florida, antes llamada Clínica Falcon. Una señora frisando los cincuenta años teme al estigma social y no desea publicidad, pero su historia es desgarradora. A finales de 2001 su marido se confabuló con las autoridades de La Florida y, exactamente como en el caso Cantú, unos enfermeros entraron con violencia a su recámara y la bajaron a gritos y a rastras por las escaleras para llevarla a la clínica. Este caso se encuentra abierto para su investigación en los archivos de la activista Carmen Ávila.[4] Ahora bien, siguiendo la lógica de González Gutiérrez ¿en qué podría beneficiarle a esta señora encerrada en un cuarto acolchonado, drogada con litio al grado del estupor e incomunicada, el hecho de que su marido y el siquiatra contratado le notificaran al Ministerio Público? No sé de un solo caso en que el Ministerio Público se haya puesto de parte no de sus informadores, sino de la persona internada y que haya tomado las medidas procedentes. Respecto a los hipotéticos comités de ética para vigilar lo que sucede en los siquiátricos, Cantú me informó que no hay una sola asociación civil en México que pueda tener apostadas a personas que vigilen que se cumplan los derechos del paciente; y como pude comprobar yo mismo, para un ciudadano común el acceso a los siquiátricos está restringido.

En la entrevista a González Gutiérrez el funcionario continuó hablando de las diversas instancias donde, en teoría, un ciudadano agraviado podría denunciar algún atropello y buscar justicia. Después de hablar de las instancias menos importantes en México González Gutiérrez mencionó a las más poderosas:

Luego está por supuesto la Comisión Nacional de Arbitraje Médico [CONAMED]: sería una cuarta instancia de apoyo para cualquier irregularidad que se dé. Una quinta instancia, por supuesto, ya viene siendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos —¿y por qué no?: la sexta instancia sería ya una instancia de tipo jurídico […]. Yo como mexicano puedo ir y decir: en este hospital me pasó esto y me trataron así y así y así. O sea: protección tenemos mucha.

Sobre la CONAMED Cantú me relató que había acudido a ella y que su proceder fue una farsa. “Nombran a un médico y citan a las dos partes para una conciliación”, me dijo. “No tiene ninguna fuerza jurídica y la otra parte ni siquiera está obligada a ir”. Cantú concluyó: “La CONAMED no sirve para nada; ni siquiera entregó un informe”. (Algo similar sucede en España y en el Reino Unido cuando las víctimas de crimen siquiátrico se quejan a una institución llamada “El Defensor del Pueblo”.) Cantú recurrió entonces a la “quinta instancia”. En 1997 envió una queja formal a la doctora Mireille Rocatti, entonces presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o CNDH. Después de realizar las averiguaciones procedentes la CNDH le dijo a Cantú y a su representante que no podían ayudarles.[5] Esto no me extraña si tomamos en cuenta que la CNDH, la comisión de mayor prestigio en México sobre derechos humanos, aprobó la Norma Oficial Mexicana que legitima las violaciones como la que sufrió Cantú.

Cantú también apeló a la sexta instancia de la que habló González Gutiérrez. En 1996 presentó una denuncia al Ministerio Público, que designó como perito en la averiguación del caso al doctor Luis Gamiochipi, un médico cirujano especializado en siquiatría. Después de algunas horas de entrevista Gamiochipi diagnosticó que Cantú “presenta trastornos mentales de tipo psicótico y que por tanto no tiene capacidad de conocer ni de querer adecuadamente” (sic).[6] El diagnóstico me recuerda al citado diagnóstico que Freud le aplicó a Nina R.: “Tiene fantasías ocasionales de que su padre no la ama”. También me recuerda el juicio en el que Freud se puso del lado del Estado austro-húngaro y en contra de los soldados atormentados con electroterapia. Pero más pertinente es notar cómo tal diagnóstico (“No tiene capacidad de querer”) revela a los siquiatras como lo que son: gente que juzga y condena la conducta de otro, algo que poco tiene que ver con el cuerpo humano y lo que esperaríamos de un médico.

Cantú impugnó el dictamen del perito en siquiatría. En la pregunta #59 de la impugnación Cantú se defendió ante la acusación de “trastorno mental de tipo psicótico” con las siguientes palabras: “Que [Gamiochipi] diga si un psicótico e incapaz puede trabajar en empresas de primer nivel”. En el debate por escrito Gamiochipi tuvo que contestar las sesenta preguntas de Cantú. En la pregunta #51 Cantú inquirió: “¿Diga Usted por qué no justifica esta actitud del querellante en contra de su madre?” El perito en siquiatría respondió: “No se justifica la actitud ante su madre porque la sola pregunta ya es un síntoma psicótico, puesto que pide 20 mil pesos sin tomar en cuenta primero que es su madre”.[7] La madre de Cantú es una mujer rica y su hijo había reclamado que lo indemnizara por haber mandado a lesionar su cerebro en el San Rafael. A mi juicio, considerar la legítima petición de Cantú una “psicosis” constituye en sí mismo una psicosis ideológica no de Cantú, sino del siquiatra.

En el primer dictamen Gamiochipi había dicho que la actitud de Cantú hacia su madre no era normal, por lo que Cantú inquiere en la pregunta #52: “¿Diga Usted cuál debería ser la actitud normal del querellante, cuando se le aplican a un hijo dos internamientos, bartolina [celda de castigo], terapias electroconvulsivas, gasoterapia, sin justificación como es el caso?” El perito en siquiatría respondió: “La conducta sana que debería tener es respetar y querer a su madre. Si fuera sano, considerando que él es más potente que ella, cuidándola como el fuerte debe proteger al débil y no guardando actitudes de rabia, envidia y venganza en contra de la figura de su madre”.[8] Una vez más, la respuesta es tan grotesca que no tiene sentido contestarla. Basta señalar que en la especialidad médica llamada siquiatría la figura parental, independientemente de sus crímenes, es intocable.

En México la Procuraduría General de la República, o PGR, es una especie de fiscalía y Secretaría de Justicia (o Ministerio de Justicia, como se diría en España). En el caso Cantú la PGR erró desde el principio. Jamás debió de haber solicitado la opinión de un perito en la materia. Haberlo hecho presupone que la siquiatría es una legítima especialidad médica, y que sólo excepcionalmente se cometen abusos que un perito puede detectar. Una manera de visualizarlo es imaginar que Cantú, un mexicano conservador y católico, hubiera nacido un par de siglos antes para ser torturado no por los juaninos del San Rafael, sino por los dominicos del Santo Oficio. Suponiendo que en Nueva España hubiera habido un tribunal donde apelar el caso, solicitarle a un dominico perito inquisidor una segunda opinión sería no entender el crimen original, dado que el dominico se pondría de lado de su orden monástica y del Tribunal de la Fe. La PGR carece de las bases conceptuales para imaginar, o siquiera sospechar, lo que la siquiatría es. No puede ver que la siquiatría viola el primer artículo de la Constitución que estipula que los derechos humanos ahí garantizados no pueden ser restringidos por nadie. Asimismo, ni la Procuraduría ni los políticos ni los abogados mexicanos pueden ver que la siquiatría viola el artículo 13 constitucional: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”. Y tampoco pueden ver que viola el artículo 21: “La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial”. La ceguera de prácticamente todo el aparato judicial explica que, en octubre de 1997, la contestación de la Procuraduría concluyera que en el caso Cantú “no es procedente autorizar el ejercicio de la acción penal que se consulta”.[9]

El dictamen hizo enfermar a Cantú. En su desesperación, en esos tiempos Cantú se quejó con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A fin de cuentas, lo que le hicieron los siquiatras del San Rafael se enseña en la universidad como legítima praxis médica. Pero las oficinas de Rectoría de la UNAM le respondieron de manera ofensiva. En una carta le aconsejaron que consultara “las revistas e información médica sobre las características, los efectos, los beneficios y todo lo concerniente a la Terapia Electroconvulsiva”.[10] El firmante, el secretario del rector de la universidad más grande de México, le llamó “beneficios” y usó mayúsculas en “Terapia Electroconvulsiva”, como si fuera un cumplido, al referirse al maratón de la muerte que borró parte de la identidad de Cantú.

Mario me confesó rendido: “Esta es la situación a nivel legal y la única vertiente es la publicidad”. ¡Pero a quienes trabajan en las editoras también les es inconcebible publicitar! Por ejemplo, un sujeto llamado Vicente Herrasti, uno de los editores de la casa Aguilar en México que pertenece a Grupo Santillana, me dijo que él personalmente rechazó el manuscrito de este libro porque le disgustó mi denuncia del doctor Amara. Herrasti no está solo. ¿Quién en los medios ha equiparado a las droga siquiátricas con las drogas ilícitas?[11] La sociedad en general no puede ver que cualquier acción siquiátrica involuntaria es una acción inquisitorial. Lo que se persigue con un diagnóstico siquiátrico es estigmatizar al individuo en la sociedad. Lo que se persigue con una receta es mermar sus facultades mentales. Los procuradores ante los que Cantú buscó vindicación también son ciegos frente a estas realidades elementales. La experiencia de Cantú en pos de la justicia le ha amargado la vida pero, antes de pasar a otro tema, quisiera añadir algo sobre el pequeño discurso que me dio González Gutiérrez cuando le hice las preguntas sobre el caso Cantú.

Es sabido que la retórica de los políticos levanta una cortina de humo para ocultar el elemento constituyente del que se habla. En la entrevista este elemento eran los derechos humanos y constitucionales de Mario. La conclusión de González Gutiérrez fue que en la actualidad el ciudadano mexicano cuenta con mucha protección legal y jurídica ante el abuso siquiátrico. Pero si la dirección general de Servicios de Salud Mental fuera una dependencia ética y constitucional, lo primero que habría buscado su director sería que se le hiciera justicia a alguien como Cantú. De hecho, si México fuera una auténtica democracia los responsables del crimen ya habrían sido identificados públicamente, acusados legalmente y enjuiciados, incluidos los directores y ex directores del San Rafael —¡incluido Salvador González Gutiérrez mismo!

Debo decir que tiempo antes de que fuéramos a hablar con González Gutiérrez, Cantú ya había ido con él a las mismas oficinas a presentar su queja. González Gutiérrez estaba perfectamente familiarizado con su caso de primera mano. Pero ni entonces ni en la entrevista conmigo hizo ningún esfuerzo por vindicarlo, y por razones obvias. Si bien Calderón Narváez había sido el director del San Rafael cuando se cometió el crimen de Cantú, González Gutiérrez fue otro de sus directores. Hacerle justicia a Cantú habría sido, indirectamente, un acto autoincriminatorio (“Sí vi con frecuencia, con cierta frecuencia, que llegaban enfermos en ambulancias llevados en contra de su voluntad”). Si en los medios de comunicación un mexicano escuchara el discurso que nos dio González Gutiérrez (“seis instancias para mandar todas las quejas”, “protección tenemos mucha”) se quedaría bajo la impresión que desde el suceso Cantú en 1980 las cosas han cambiado para bien en el país. Pero no ha habido cambio sustancial alguno. Si lo hubiera habido los médicos respetarían la Constitución y los políticos que presumen defender la ley averiguarían a cuántos jóvenes les han borrado sus memorias tanto en el San Rafael como en los demás siquiátricos del país a fin de enjuiciar a los perpetradores. De hecho, si hubiera habido verdaderos cambios la siquiatría involuntaria habría sido oficialmente abolida en el país.

Otras autoridades en siquiatría han hecho pronunciamientos públicos casi idénticos a los de González Gutiérrez. Marco López Butron, el director del Fray Bernardino, el gran siquiátrico de la Ciudad de México, declaró en junio de 2002: “Todas las leyes jurídicas, civiles, penales y sanitarias, desde una forma protectora han evolucionado para prevenir cualquier tipo de acción negativa contra los enfermos”.[12] Otra vil mentira. La verdad es que si un crimen lesa humanidad como el que sufrió Cantú, quien jamás fue un “enfermo”, no ha sido penalizado en México es porque el sistema y los valores culturales lo han permitido, lo permiten y lo seguirán permitiendo en el futuro cercano. Por ejemplo, en pleno siglo XXI se continúa electrochocando a los internos del Fray Bernardino, como reconoce públicamente López Butron. (¡Cómo recuerdo ahora que Solyenitsin se quejaba que en Rusia nunca hubo una suerte de juicio de Nuremberg para los antiguos bolcheviques!)

Algo similar debemos decir en occidente. No ha habido un juicio de Nuremberg que vindique a miles de hombres y mujeres cuyas almas han sido asesinadas en nuestros hospitales. La razón es que estos crímenes no se consideran crímenes ni en las leyes de un país, ni en la conciencia pública. Aunque parezca mentira, el edicto de Luis XIV que dio inicio a lo que más tarde sería la siquiatría sigue vigente en nuestros días, y no sólo en París sino en el resto del mundo. Los carceleros del rey sol, dice el edicto para encarcelar a ciudadanos que no cometieron delito, “tienen todo poder de autoridad, de dirección, de administración, de comercio, de policía, de jurisdicción, de corrección y de sanción sobre todos los pobres de París, tanto dentro como fuera del Hôpital Général. Para ese efecto los directores tendrían estacas y argollas de suplicio, prisiones y mazmorras, en el dicho hospital y lugares que de él dependan, como ellos lo juzguen conveniente, sin que se puedan apelar las ordenanzas que serán redactadas por los directores para el interior de dicho hospital.” Las estacas y argollas de suplicio de hoy día son la administración involuntaria de neurolépticos y electroshocks como los que sufrió Cantú. Como este caso demuestra, tanto en la Francia del siglo XVII como en nuestro siglo no es posible “apelar las ordenanzas” de los nuevos inquisidores.

¡Lo que le hicieron a Cantú fue legal! No puedo imaginar un ejemplo más claro para mostrar cómo, al igual que los inquisidores, el siquiatra encarna un poder sin ningún contrapeso que de facto se le oponga; y por qué digo que los ideales de la democracia aún están por cumplirse en el mundo actual.

Referencias

[1] Voltaire: Diccionario filosófico, tomo I, p. 157.

[2] Norma Oficial Mexicana, citada en de la Fuente y otros: Salud Mental en México, p. 373. Que la asociación civil que preside la activista pro derechos humanos Virginia González Torres aprobó esta norma se lee en el sexto objetivo de su asociación: “Impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 025”, según la conferencia de prensa del 6 de junio de 2002 en el auditorio de las oficinas de Rehabilitación Psicosocial de la Secretaría de Salud. La regulación Principios para el manejo y tratamiento de enfermos mentales hospitalizados formada a iniciativa de la Secretaría de Salud en 1993 también estipula que en casos de supuesta urgencia el médico a cargo de la admisión en un siquiátrico tiene los poderes para encarcelar a un ciudadano.

[3] Mis acompañantes fueron Carmen Ávila, Jaime Rodríguez y Morris Lan.

[4] El archivo se encuentra en Tuxpan 68, Colonia Roma Sur, código postal 06760, en la Ciudad de México.

[5] La correspondencia entre Mario Cantú y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra en el expediente de Cantú, del cual poseo fotocopias de los documentos más relevantes.

[6] El peritaje de Luis Antonio Gamiochipi y la declaración a la PGR con fecha del 27 de octubre de 1996 también se encuentra en el expediente de Cantú.

[7] Citado en Mario Cantú-Gundlach: “Cuestionario para ser contestado por el médico psiquiatra Luis Antonio Gamiochipi en relación al dictamen que rindió el 27 de octubre de 1996 en la averiguación previa 24 / 03362 / 96-09, con oficio I-30814”.

[8] Citado en ibídem.

[9] Los firmantes de este dictamen del 5 de octubre de 1997 son: Lic. Ana Flavia Camarena Béjar, Lic. Laura Elena Rojas Villalobos y Lic. Ludibilda Ramírez Barrera.

[10] La carta del ingeniero Francisco Torres Roldán está fechada el 17 de septiembre de 1997.

[11] Véase Breggin and Cohen: Your drug may be your problem.

[12] Marco Antonio López-Butron, citado Milenio semanal (10 junio 2002).

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Published in: on mayo 15, 2009 at 3:35 pm  Dejar un comentario  

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