Epígrafe de Tocqueville I

El caso Cantú puede parecer extraordinario: algo excepcional que pudo haber ocurrido alguna vez pero que ya no sucede en la actualidad. Desgraciadamente eso no es verdad. De las naciones del mundo sólo en la República de Eslovenia está prohibido el electroshock. En los países occidentales sólo hay restricciones del mismo, como en Italia; y en Estados Unidos el estado de Tejas sólo lo prohíbe en menores de dieciséis años.

En febrero de 2002 me enteré que se continúan haciendo lobotomías en México. Esto me lo dijo personalmente el doctor Gerard Heinze, director del Instituto Nacional de Psiquiatría y un acérrimo partidario del electroshock. Heinze me comentó que en el siglo XXI se realizan “muy pocas” lobotomías en el país, y mencionó a Neurología: una institución vecina al San Rafael donde electrochocaron a Cantú. No obstante, en su calidad de funcionario del gobierno Heinze no quiso darme más detalles sobre el tema, por ejemplo, si las operaciones son o no voluntarias; y cuando quise concertar una cita con el director de Neurología a través de la Secretaría de Salud para confirmar lo que Heinze me había informado, mis intentos fueron infructuosos.

El hermetismo sólo atizó mi curiosidad. A pesar del recelo de las autoridades mexicanas para revelar información vital al público, si uno se toma la molestia de consultar sus libros de texto comprobará que los siquiatras aprueban la lobotomía, a la que eufemísticamente llaman “psicocirugía”. En el texto Comprehensive textbook of psychiatry IV, John Donnelly nos dice: “La psicocirugía es una intervención para cercenar las fibras que conectan una parte del cerebro con otra; para remover, destruir o estimular el tejido cerebral con la intención de modificar las perturbaciones alternantes de la conducta, el contenido del pensamiento o el estado de ánimo del que no se ha demostrado causa patológica orgánica”.[1]

Estas cursivas, que son mías, son fundamentales porque significan que los siquiatras están “cercenando, removiendo tejido y destruyendo” cerebros perfectamente sanos por conductas que la sociedad no aprueba. Independientemente que no sepamos cuántas psicocirugías se hacen en México, lo que los siquiatras son incapaces de reconocer es que según la Constitución es un crimen. El artículo 22 estipula claramente que en México está prohibida toda pena de mutilación. Yo añadiría que la peor mutilación posible es la cerebral: las operaciones que realizan los neurosiquiatras asesinan, literalmente, parte de nuestra alma o mente. Y algo similar puede decirse de la lobotomía eléctrica: el maratón de electroshocks que le aplicaron a Cantú.

Lo que le hicieron a Cantú fue, y continúa siendo, legal en México. La legislación más reciente sobre salud mental es la Norma Oficial Mexicana 025 (en adelante, Norma Oficial Mexicana). El artículo 4.4 de esta norma dice: “El ingreso de los usuarios a las unidades que presten servicio de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio”.[2] El artículo, redactado en nuevahabla, suena relativamente inocente. Pero la hospitalización involuntaria tácitamente implica secuestrar, y en ocasiones electrochocar, a una persona. Según el artículo 4.4.2 de la norma la acción únicamente: “Requiere [de] la indicación de un médico psiquiatra y la solicitud de un familiar responsable”.[3]

En jurisprudencia mexicana la Norma Oficial Mexicana se considera un instrumento avanzado que regula las transacciones entre siquiatras y los familiares de los individuos “identificados” por estos últimos. Pero la norma no es la única que regula en México estas transacciones: el campo denominado salud mental es cubierto en varias legislaciones (como en España, donde el internamiento siquiátrico está regulado por el Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Sanidad). Por ejemplo, además de la Norma Oficial Mexicana, la Ley General de Salud destina cinco artículos al tema, los artículos 72 al 77: otra de las fuentes de violencia siquiátrica legal hacia los hijos que burla a la Constitución. El artículo 77 de la Ley General de Salud dice: “Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores […] procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales”.[4]

“Alteraciones de la conducta” es nuevahabla: exactamente la misma expresión de Donnelly que acabo de citar en su definición de lobotomía de cerebros sanos. La patria potestad así entendida es un poder que la sociedad le confiere a los padres sobre sus hijos para desnudarlos de sus derechos constitucionales, especialmente del derecho más importante de todos, un derecho que aparece no sólo en la carta magna mexicana sino en muchas otras. En el artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que nadie puede ser privado de su libertad a menos que la ley sea infringida. Tal artículo es complementado por el artículo 16, y es un hecho a tomar en seria consideración que los hijos que sus padres mandan a encerrar en siquiátricos generalmente no han infringido la ley. En España la situación es similar. Una investigación de siquiatras españoles publicada en 2002 reveló que el motivo más frecuente de internamiento involuntario en ese país “fueron las alteraciones de conducta en su entorno sociofamiliar”.[5] Traducida la nuevahabla, alteraciones de conducta significa una conducta que el familiar poderoso, generalmente un padre, no tolera.

GUILLERMO Calderón Narváez fue el director del San Rafael en los días en que electrochocaron a Cantú. Es interesante observar que, en sus libros, Calderón Narváez mantiene una visión idílica del electroshock.

Este siquiatra dice que la persona a quien someten al martillazo eléctrico puede “sin molestia alguna volver a su casa en perfectas condiciones”.[6] Acerca de los “servicios” del San Rafael, Calderón Narváez se expresó de la siguiente manera: “Toda persona que acuda al Centro Comunitario de Salud Mental San Rafael recibirá la atención de un servicio médico y paramédico de alta calidad”.[7] El libro de Calderón Narváez contiene varios capítulos dedicados al San Rafael, pero en ninguna parte se mencionan los secuestros como el que sufrió Cantú o la celda de castigo llamada bartolina. Sí se menciona, en cambio, el espaldarazo que al San Rafael le dieron las más altas casas de estudio en México: “Los resultados positivos no se hicieron esperar, ya que en poco tiempo logramos que el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] aceptara a la Clínica San Rafael y al Centro Comunitario anexo como hospital escuela reconocido y aprobado para que los alumnos de sus cursos de especialización en psiquiatría realizaran, durante dos años, sus prácticas en él”. La aceptación del San Rafael no se limita a la Facultad de Medicina. “La Facultad de Psicología de la UNAM ubicó en nuestro centro las prácticas de su curso de psicología clínica, y las universidades Iberoamericana y Anáhuac autorizaron a nuestra institución para que sus alumnos pudieran desarrollar en ella su servicio social”.[8]

Más notorio fue el espaldarazo que recibió el San Rafael de una organización internacional. En febrero de 1976, el mismo mes en que mis padres me mandaron por vez primera con Amara, la señora Joy Moser de la división de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza, escribió una carta en la que decía:

En esta visita al Centro de Salud Mental Comunitaria San Rafael me llevo la impresión de que éste es el modelo para la atención de los problemas de salud mental en el futuro.[9]

Si recordamos ahora la nota de 2006 en la primera plana del periódico mexicano El Universal (mencionada en la primera parte) sobre cómo un lobotomista “cauterizó o destruyó el tejido del cerebro aparentemente normal”, y que “en el futuro con ese procedimiento se prevé poder atacar también el alcoholismo y la drogadicción” añadiendo que esa técnica en particular también se usa “en países como Chile, Estados Unidos y Suecia”, se aprecia que Tocqueville tiene razón: la sociedad es cómplice del crimen. La misma revista National Geographic habló idílicamente de esta operación radical en el número de junio de 1995. Y cuando en septiembre de 2006 envié varias cartas a Letras Libres quejándome de que la revista publicara un artículo del finado siquiatra Ramón de la Fuente, alegando que con algunos de sus pacientes cometió crímenes del tipo caso Cantú, me enfrenté con un muro. Eso sí: a pesar de mis quejas la revista que dirige Enrique Krauze, uno de los intelectuales más conocidos en México, publicó, en octubre de 2006, la carta de un académico fan del finado mandarín de la siquiatría nacional.

El hecho que estos crímenes, por más horrendos que sean, se cometan con la sanción social explica por qué décadas después del asalto siquiátrico Cantú no ha logrado que la sociedad mexicana le haga justicia. Como se verá en el próximo capítulo, Cantú buscó inútilmente que se le hiciera justicia llegando incluso a apelar ante el Procurador del Distrito Federal. También se quejó infructuosamente ante la Iglesia con el arzobispo Norberto Rivera, en tanto que los electroshocks le fueron dispensados en un hospital manejado por una orden monástica fiel a la iglesia.

En el siglo XXI los juaninos continúan electrochocando a sus víctimas. No está de más decir que el 2 de julio de 2001 Amara invitó al doctor Salvador González Gutiérrez a hablar en su programa de radio: un funcionario público que aprueba el electroshock. González Gutiérrez fue otro de los directores del San Rafael y en el programa habló de la necesidad de incrementar los servicios siquiátricos en aquellos lugares de la república que carecen de ellos, y además propuso redoblar el número de siquiatras en México a cinco mil.[10] Lejos de protestar, la sociedad mexicana hace que las nuevas generaciones de estudiantes de medicina y sicología hagan sus prácticas en el San Rafael.

En la primera parte mencioné que confronté a funcionarios públicos de siquiatría en la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. No sé de otro caso en que altos funcionarios hayan sido confrontados por un crítico conocedor desde el panel. Quisiera añadir que dos diputados se encontraban en la parte central de las mesas del panel. El diputado José Antonio Arévalo González me hizo la grosería de hablarle a su colega un buen tiempo durante mi presentación. El mensaje del diputado que presidía la sesión de ponencias magistrales fue claro: Nada queremos saber de esto.

Referencias

[1] John Donnelly, citado en Kaplan and Sadock: Comprehensive textbook of psychiatry/IV, 1985, p. 1563. Leí esta cita en el artículo Stevens: “The brain-butchery called psychosurgery” (www.antipsychiatry.org.psychosu).

[2] “Norma oficial mexicana NOM – 025 – SSA2 – 1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica”. Esta norma se publicó en el Diario oficial de la federación (16 noviembre 1995).

[3] Ibídem.

[4] Ley general de salud (Sista, 1993), p. 21.

[5] María José Andrés, Luis Donaire, Carmen Juárez, Mercedes Hernández, José Luis de Miguel y Juan A. Guisado: “Internamientos no voluntarios en el hospital general” (www. psiquiatria.com./articulos/psiquiatria_legal/8319). Abrí esta página web en enero de 2003.

[6] Guillermo Calderón-Narváez: Una agonía llamada locura: historia de la psiquiatría (Edamex, 1980), p. 194.

[7] Calderón-Narváez: Salud mental comunitaria, p. 142.

[8] Ibídem, p. 183.

[9] Ibídem, p. 192.

[10] No escuché el programa de radio en el que habló Salvador González Gutiérrez. La información de este párrafo me la proporcionó la activista Carmen Ávila de Gutiérrez, quien solía escuchar lo que Amara dice en su programa.