Páginas 163-171 de Hojas susurrantes

Estados dentro del Estado: las leyes y la siquiatría


El hombre de ciencia actual es una mezcla de psicólogo y policía que estudia… los efectos de las drogas… la terapéutica del shock y la tortura física.

Orwell [1]



Según Hobbes, una de las definiciones de Estado es el monopolio de la violencia. Un individuo común no puede ejercer violencia hacia otro individuo, pero el poder ejecutivo, amparado por los poderes legislativo y judicial, puede hacerlo. El poder ejecutivo no sólo cuenta con un ejército para proteger a su pueblo o para atacar a una nación, sino que a través de la policía puede ejercer violencia hacia los ciudadanos en los casos estipulados por la ley.

Si los siquiatras fueran ciudadanos comunes y corrientes jamás podrían ejercer, o amenazar con ejercer, violencia alguna. Pero los siquiatras representan una clase privilegiada de ciudadanos: la sociedad les permite ejercer violencia hacia otros. Y no sólo eso: poseen cárceles especiales para estos fines que eufemísticamente llaman hospitales, que se encuentran fuera de la jurisdicción del sistema penal común.

El status excepcional de los siquiatras se descubre al estudiar tanto las leyes de las naciones democráticas como las leyes internacionales. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 9 proclama que nadie puede ser arbitrariamente detenido o llevado preso. El último artículo de la Declaración promulga que ni el noveno ni el resto de los artículos pueden ser relativizados: “Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse [mis cursivas] en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades en esta Declaración”.[2]

Entre otros artículos, la existencia de la siquiatría viola el artículo 30. El hecho de que algunos médicos tengan poderes para encarcelar a quienes diagnostiquen muestra que pertenecen a una elite que puede suprimir el derecho a la libertad. Es importante recalcar que, según el artículo 30, nada en la Declaración puede interpretarse como una excepción a los derechos ahí proclamados. Pero la excepción es evidente incluso en los países considerados modelo en la calidad de sus leyes.

Las leyes inglesas sobre salud mental son un medio mediante el cual se hace a un lado el derecho a la libertad de un ciudadano, garantizado tanto por la jurisprudencia común de esa nación como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Artículo 5.1 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. En la cita del folleto inglés había mencionado que la Ley de Salud Mental de 1983 del Reino Unido permite la admisión compulsiva al hospital siquiátrico, y que existen disposiciones similares en otros países. Esto significa una excepción dentro de la ley: el derecho a la libertad está garantizado en el trato de civiles entre sí excepto si el civil es un siquiatra. Al igual que el Estado, el siquiatra monopoliza la violencia legal en nuestras sociedades. Al igual que el Estado, el siquiatra tiene poderes para enviar a otro ciudadano a una prisión.

Nótese cómo los derechos constitucionales de un individuo a quien el siquiatra ha decidido etiquetarlo automáticamente quedan anulados. Si ahora tomamos como paradigma el derecho constitucional de los Estados Unidos, este individuo pierde el derecho a un rápido juicio público con un jurado imparcial (sexta enmienda), el derecho a fianza (octava enmienda) y el derecho a que ninguna persona sea privada de su libertad sin el debido proceso legal (catorceava enmienda). Desde este ángulo, no sólo Estados Unidos sino México, España, Canadá, Inglaterra y muchos otros países europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos albergan una suerte de miniestado dentro del Estado.

“Estado Terapéutico” es una expresión acuñada por Szasz en 1963 para referirse a las naciones que se presumen libres pero que, a través de la institución médica, poseen algunos rasgos totalitarios. Si el acusado de enfermo en una de estas naciones, digamos, en un país europeo, no está de acuerdo con la excepción legal de su país a favor del siquiatra, tampoco puede apelar al derecho internacional.

El artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos inicia: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad” (5.1). No obstante, el artículo continúa: “excepto en los siguientes casos y de acuerdo con los procedimientos descritos por la ley […]: la detención legal de personas para prevenir la diseminación de enfermedades infecciosas; de personas de mente insana, alcohólicos, drogadictos o malvivientes”.[3]

Podemos estar de acuerdo con el inciso de prevenir infecciones y epidemias: el poder de decidir quién está infectado y/o infectando recae sobre los científicos que pueden detectar en sus laboratorios la existencia de enfermedades patógenas. Pero qué significa exactamente el otro grupo, personas de “mente insana”, es algo que sólo el siquiatra tiene el poder de decidir, ya que en estos casos no existen pruebas de laboratorio. El mismo Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV), dice sin reparos sobre el caso más típico de mente insana para los siquiatras: “Ningún hallazgo de laboratorio ha sido identificado que sea diagnóstico de la esquizofrenia”.[4] En julio de 2005 Steven Sharfstein, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, fue citado en People Magazine: “No tenemos una prueba limpia de laboratorio” refiriéndose a las enfermedades mentales. Así, la segunda parte del artículo de la Convención Europea invalida tácitamente a la primera: deja a la entera discreción del siquiatra decidir quién será privado de su libertad por una “enfermedad” acerca de la cual pruebas de laboratorio no existen: es decir, una enfermedad metafórica.

Estampar a alguien con la etiqueta de enfermo significa que se ha dado el primer paso político para su encarcelamiento. Por ejemplo, en la década de los sesenta más estadounidenses perdieron su libertad acusados de mente insana que por un crimen.[5] En otras palabras, los siquiatras tienen los poderes para encarcelar a un ciudadano que no ha roto la ley.

Algo similar a lo dicho sobre la Convención Europea puede decirse de la Unión Americana por los Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: los siquiatras que ejercen su profesión en el continente americano tienen los poderes para derogar el status civil de un ciudadano a un nivel inferior al del criminal común. Pongamos el caso del asaltante de un banco que mató al policía y a unos clientes en la escaramuza. De ser aprehendido, tiene derecho a un juicio imparcial y a un abogado, así como el derecho a no ser atormentado o mutilado. En cambio, el individuo identificado por un siquiatra automáticamente pierde estos derechos: se le encarcela sin juicio y sin un abogado que pueda apelar su causa. Lo que es más: puede ser incapacitado con electroshocks, atormentado con neurolépticos (y, en casos excepcionales, mutilado con psicocirugía).

Szasz ha dicho que las instituciones sociales involucradas en la violencia siquiátrica son la familia, la institución médica y el Estado. En mi caso, sólo por haber tenido un conflicto con mis padres el status de mis derechos, derogados por un siquiatra, fue inferior al del criminal común: no tuve a ninguna institución que pudiera defenderme legalmente ante su infame bombardeo químico. Siguiendo la línea del derecho internacional, en el caso del conflicto de mi familia la sociedad delegó a la discreción del siquiatra, en este caso al doctor Giuseppe Amara, decidir si algún miembro de la familia poseía una “mente insana”, con las potenciales consecuencias de encarcelamiento y/o empleo punitivo de drogas de la etiqueta. Y como hemos visto, en conflictos generacionales de los padres con los hijos la “identificación” invariablemente recae sobre los últimos.

Ronald Laing, el antisiquiatra más popular de los sesenta, declaró en una entrevista de 1988, un año antes que falleciera:

La economía controla la política, así que el punto central es la economía. Para saber lo que está sucediendo vea usted el manual llamado DSM-III, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tercera edición. Traducido a términos económicos y políticos, trastorno mental significa estados mentales, actitudes y conducta indeseables […].

El criterio del manual es muy útil para controlar a la población porque se lo puedes aplicar a cualquiera si surge una ocasión que así lo demande. Mire éste, “Trastorno negativista desafiante”, [6] éste está muy bueno (Laing lee del DSM-III):

La característica esencial es un patrón de desobediencia negativista y oposición provocativa dirigido a las figuras de autoridad. Por ejemplo, si existe una regla, es común que se viole. Si se le sugiere algo al individuo, éste está en contra de ello. Si se pide hacer algo, el individuo rehúsa o comienza a discutir. Si se pide contención en un acto, el niño o el adolescente se ve compelido a llevarlo a cabo.

Este no es un ejemplo excepcional sacado del DSM-III. La tendencia general es lo que la siquiatría moderna, compendiada en este manual traducido a dieciocho idiomas, está imponiendo al mundo: un mandato para desnudar a cualquiera de sus derechos civiles […] a fin de homogeneizar a la gente que está fuera de línea. Presentado como un ejercicio médico, es una operación encubierta.[7]

El DSM se redacta y se reelabora constantemente en Estados Unidos y se traduce, entre otros idiomas, al español.[8] En ese país la decisión de la Suprema Corte de Justicia Parham vs. J.R. de 1979 le dio carta blanca a los estados para promulgar leyes que permitan que los menores de edad sean hospitalizados si los padres y un siquiatra lo desean; no teniendo el chico ningún derecho a audiencia o juicio.[9] Qué mejor que darle la palabra a una de estas víctimas. A continuación traduzco la carta que el 12 de diciembre de 1999 una adolescente de nombre Rachel envió a un abogado norteamericano:

Soy una niña de dieciséis años que apenas acaba de salir de un “centro de tratamiento siquiátrico”. Estuve ahí más de cuatro meses porque se me diagnosticó el trastorno de personalidad limítrofe y depresión maníaca. Eso de personalidad limítrofe es la mayor pendejada [fucking joke] que he escuchado, lo único que describe es una adolescente inmadura. ¡Ja ja! Tampoco soy una maníaca depresiva. Los loqueros de ahí se las ingeniaron para convencer a todos que lo era, incluyendo a mis padres (“Ella tiene altas y bajas severas y también es impulsiva”). Me dieron muchas medicinas.

Los primeros dos meses en el hospital rehusé tomarlas. Mi conducta, pensamiento y estabilidad estaban bien, pero como no las tomaba era una “no condescendiente o preparada para dar de alta”. De manera que decidí tomar las medicinas en mi cachete. Era la única manera de salir de ese maldito lugar. Pero descubrieron que las ponía en mi cachete.

No he sido dada de alta aún. Y nunca lo seré, nunca. Pero mis padres decidieron firmar un CCM [contra el consejo médico] para que saliera de ese lugar. Por fin se dieron cuenta que no necesitaba estar en ese lugar y que nunca lo necesité.

A gente completamente normal se le tiene en esos centros de tratamiento. Adolescentes completamente normales. Nadie estaba loco. Ni siquiera una persona. Sólo eran adolescentes de padres divorciados. O adolescentes que tomaron pocas drogas. O adolescentes que expulsaron de la escuela. De pronto todos éramos limítrofes, esquizofrénicos, maníacos depresivos que “necesitábamos” hospitalización y medicación de largo plazo. Nos pusieron en grandes dosis de anti-psicóticos, estabilizadores del humor, anti-depresivos, anti lo que sea. Yo fui la única paciente que no tomó medicinas. Nunca tomaría medicinas siquiátricas. Las he tomado antes. No hacen nada excepto volverte en una zombi. Me embotan. Hacen que no puedas pensar bien. Todos los demás las tomaron.[10]

Más clara confabulación entre padres y siquiatras no puede haber. La sola voluntad de los padres bastó para encarcelar y liberar a un hijo. Es de admirar que Rachel, quien escribió la citada carta a los dieciséis años, la edad que yo tenía durante el conflicto con mis padres, tiene noción sobre qué son realmente los diagnósticos siquiátricos.

En los albores del siglo XXI los diagnósticos que se usaron contra ella y sus compañeros (“limítrofes”, “esquizofrénicos”, “maníacos depresivos”) son tan fraudulentos como los diagnósticos que los siquiatras del siglo XIX usaban contra las mujeres emancipadas (“demencia moral”, “folie lucide”, “ninfomanía”). El que esta situación continúe en nuestros tiempos es resultado de que nuestras sociedades han desnudado a los adolescentes del derecho a una audiencia o juicio cuando son acusados por sus padres y el siquiatra pagado por ellos.

El derecho a un juicio imparcial es uno de los rasgos que distingue a las sociedades libres de las totalitarias. Cuando existe un poder no restringido por el derecho, como el comunismo o el poder siquiátrico, tal poder corrompe. Y corrompe independientemente de que el poder de la siquiatría sea comparativamente menor que el poder del gobierno de un Stalin. Fue Lenin quien dijo que la dictadura es el poder que no está limitado por ninguna ley. ¿Cómo no va a estar corrupta la siquiatría si la manera como etiquetan a una niña para desnudarla de sus derechos no tiene dentro de nuestras sociedades fuerza alguna que lo supervise? La siquiatría es una profesión que se autorregula a sí misma; cumple la función del control de indeseables, sean mujeres liberadas de antaño, adolescentes rebeldes en la actualidad, drogadictos, malvivientes y muchos otros.

¿Cómo saber si una nación alberga a un miniestado dentro del Estado? Basta ver si tiene un sistema extralegal de penalidades, la operación encubierta de la que hablaba Laing en la cita de arriba, con el fin de no manchar la constitución del país. Para los legisladores sería demasiado embarazoso promulgar leyes contra mujeres en disputas con sus maridos, o contra adolescentes en disputas con sus padres. Los siquiatras se encargan de hacer el trabajo sucio (“demencia moral”, “demencia precoz”) que la sociedad en general, y los legisladores en particular, no se atreverían hacer abiertamente. Según esta definición, el ideal democrático de los derechos humanos ha sido abandonado en las naciones modernas.

Toda una crítica a esta política podría escribirse al respecto. Por ahora me limito a citar al siquiatra Guillermo Calderón Narváez, quien de 1966 a 1973 tuvo a su cargo la Dirección General de Salud Mental en México. A Calderón Narváez le dejó muy buena impresión el antiguo modelo siquiátrico soviético, y en su libro Salud mental comunitaria: un nuevo enfoque de la psiquiatría lo toma como un paradigma que el resto del mundo debiera imitar. El médico mexicano, con quien llegué a hablar por teléfono antes de que muriera, explica qué es esta novedosa siquiatría que contrae nupcias con el Estado:

La orientación moderna de la psiquiatría, que tiende a incorporarse a la salud pública […] ha suscitado la necesidad de transformar totalmente los programas pertinentes en todos los países. En los países de alto desarrollo, este cambio se está realizando con considerables recursos presupuestales que pueden solventarse en virtud de una economía próspera. En los países del ámbito socialista, por otra parte, se cuenta con un personal técnico muy numeroso, preparado para llevar los beneficios hasta el último de sus habitantes.[11]

Hasta el último de los habitantes… El ideal totalitario de la entonces Unión Soviética se explica por sí solo y no necesita comentarios. El unir la agenda del Estado al de la profesión siquiátrica da como resultado la formación de un “estado terapéutico”.

La lucha de Szasz es desmantelar el edificio médico-político construido por estos ingenieros sociales. Hay que reformar a la sociedad para separar a la institución médica del Estado así como en la primera enmienda de la constitución estadounidense se habla de una separación de la iglesia y el Estado. Infortunadamente, este sueño va a contrapelo del proyecto de las naciones. El poder inquisitorial de los siquiatras se encuentra bien afianzado en occidente, y la sociedad civil no se está movilizando para cuestionarlo. Sólo así es posible entender los honores que recibieron Viktor Frankl, Egas Moniz, Walter Freeman y muchos otros mutiladores de cerebros sanos.


___________________

[1] George Orwell: Rebelión en la granja & 1984 (Editorial Porrúa, 2002), págs. 250s.

[2] Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos (Castillo Impresores, 2000), pág. 52.

[3] Ian Brownlie (ed.): Basic documents on human rights (Clarendon, 1981), pág. 244.

[4] Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, DSM-IV (American Psychiatric Association), 1994, pág. 280.

[5] Thomas Szasz: The manufacture of madness (Syracuse University Press, 1997), pág. 65. El capítulo “The defense of the dominant ethic” no aparece en la traducción de este libro, La fabricación de la locura, que he estado citando en su versión en español.

[6] En inglés se le llama oppositional defiant disorder.

[7] Ronald Laing, entrevistado en OMNI (April 1988).

[8] DSM-IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Masson, 1995), pág. 273. Esta es la edición traducida del manual citado arriba.

[9] Parham v. J.R., 442 U.S. 584 (United States Reports, vol. 442).

[10] Citado en http://www.antipsychiatry.org/e-mail, página consultada en 2008. Rachel firma su carta como “Rach”.

[11] Guillermo Calderón-Narváez: Salud mental comunitaria: un nuevo enfoque de la psiquiatría (Editorial Trillas, 1981), págs. 136s.

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